Escuela

Enseñanza Pública – Enseñanza Concertada

Menudo tema para extenderse durante horas con muchos aspectos derivados y disquisiciones colaterales. Pero voy a intentar exponer mis ideas de la forma más cara y razonada que sea capaz. Vaya por delante que hablo de forma generalizada; por tanto soy injusto con realidades concretas y soy consciente de ello.

Empecemos por dejar claro que se habla de “Enseñanza y Escuela” concertadas, conceptos distinto al de “Educación”  que es el derecho amparado por la Constitución. Ojo porque las palabras nunca son indiferentes. la “Enseñanza Concertada” en este país aparece en el momento en que se establece por el Estado Español una generalización de la Enseñanza a cargo del erario público. En el año 1978 con la Constitución y las leyes que van desarrollando su contenido, se pone en marcha un proceso que tiene como objeto dotar a toda la sociedad de unos centros educativos soportados por el estado. Pero, como construir escuelas públicas no se hace en dos días y la infraestructura de los centros privados que ya estaba creada, fue una buena excusa para meterlos en el “concierto”.  En ese momento un servidor trabajaba como maestro en un centro que se propuso entrar en el concierto y de hecho lo consiguió. Ni que decir tiene que, salvo alguna reticencia con respecto a las limitaciones que eso supondría, el apoyo fue general. Pero es que esas “limitaciones” nunca existieron, ni antes, ni ahora.

En realidad lo que ha supuesto es que los centros concertados se benefician de los fondos públicos, más los que recaudan de los padres y amparándose en el ideario y otras excusas “eligen” al alumnado y crean sentido de clase y diferencias sociales. Casi todos esos centros estaban y están regidos por la iglesia católica que tiene un interés especial en que esa parcela de poder social no se escape de sus manos. En otro momento podemos hablar de otros “intereses asociados”.

Y lo que yo me planteo siempre con este tema es: Si la financiación es pública, ¿Porqué no lo es la gestión?. Si a los centros concertados se les sostiene con el dinero de nuestros impuestos (de los de todos), la gestión de esos centros también debería ser pública. Y si esa opción no les parece la adecuada, que se conviertan en privados. No es de recibo que 40 años después se aplicar una solución, que debería hacer sido transitoria , se siga en las mismas condiciones de desigualdad con la excusa de la “libertad de elección”.

La Constitución consagra el derecho a la Educación, pero aquí estamos hablando de Enseñanza y ambos conceptos los hemos mezclado y confundido de forma interesada. La “Escuela”, en su concepto más amplio, es responsable de la Enseñanza y por tanto una parte de Educación, pero aspectos como la formación religiosa de un individuo no deberían estar indisolublemente vinculados a la Enseñanza como pasa en la concertada de nuestro país. 

Si la Constitución nos define como estado laico y dictamina que ninguna confesión tendrá carácter estatal, ¿Cómo es que el Estado mantiene centros educativos estrictamente católicos?  y ¿Por qué la religión forma parte del sistema educativo, incluyendo la valoración de su calificación?. El modelo educativo debería separar la Enseñanza y la Formación confesional de cualquier religión. Pero los que acusan al Sistema Sistema educativo de “adoctrinar” son precisamente los que se niegan a esa separación. 

¿No estábamos hablando de la Enseñanza Concertada?. ¿Qué pinta la religión aquí?. Resulta que los dos conceptos están excesivamente ligados en nuestro modelo y si separamos ambas cuestiones igual era más fácil entendernos. Los centros de enseñanza deberían contemplar una educación en valores democráticos de carácter universal y centrarse sobre todo en los grandes compromisos, como son los Derechos Universales y los Valores Democráticos. Los aspectos religiosos ya los impartirán las diferentes religiones en sus templos y las familias en sus hogares.

Una vez que los centros asumen ese papel, la gestión de todos los que se mantienen con fondos públicos beberías pasar a responsabilidad de las respectivas administraciones. Eso supone que todas las plazas de los docentes serían ocupadas por profesionales que hayan pasado el correspondiente proceso de selección (ahora son unas oposiciones, pero ese sería otro asunto). ¿Eso supone echar a la calle a todos los docentes de la concertada?. Pues no necesariamente. ¿No somos capaces de planificar un periodo de transición a medio plazo?. Pongamos un ejemplo. Cuando se implantó la reforma educativa, los maestros del tercer ciclo de EGB pudimos pasar a impartir docencia en la ESO. Han sido unas plazas a extinguir con nuestras jubilaciones y hemos cumplido nuestro papel en el primer ciclo de ESO (1º y 2º). ¿Cuál ha sido el problema?: Ninguno. De la misma forma se puede establecer un periodo transitorio de unos años en los que los docentes de la concertada tengan que presentarse a oposiciones. El escaso número que no las supere o se jubile en ese periodo sí que se vería abocado al paro; pero es que para superar unas oposiciones TODOS/AS los docentes de la pública han tenido que hacer el mismo esfuerzo. ¿O es que somos más partidarios de los privilegios para unos pocos elegidos?. 

Por supuesto que todas las plazas docentes terminarían saliendo a concurso de traslados, aunque ese es otro aspecto que requiere reflexión, para dar una atención digna a la escuela rural; uno de los grandes olvidados cuando se tratan estos temas; pues ni ocupa, ni preocupa. Y no voy a entrar en el tema de los profesores de religión porque en este modelo ya tendrían su trabajo en las parroquias, contratados y pagados por la iglesia o las familias; eso, “La Iglesia” verá. Y como decimos en castellano: “Que cada santo aguante su vela”.

Con ese modelo se conservarían la Enseñanza Pública para todos/as y la privada para aquellos que puedan y quieran pagársela. Habrá quien discuta el modelo en base al derecho a elegir. ¿Y la Igualdad establecida en la Constitución?. ¿Qué derecho a elegir puede ejercer cualquiera que viva en una localidad pequeña? ¿Acaso la Concertada ha construido centros en aquellos lugares en los que la necesidad, la escasez o la despoblación hace acto de presencia? No, porque hay un legitimo interés económico, pero tampoco usemos tapaderas. Y por otro lado estamos olvidando que uno de los derechos “fundamentales” de los niños es el de la igualdad de oportunidades. Ese sí que es un derecho olvidado en este país a todos los niveles, pero en el educativo más aún.

Como se ve, hay una cantidad enorme de derivadas que van asociadas a ese derecho a la educación cuya garantía está en manos del Estado, pero que éste va delegando a intereses de terceros y cuartos. El objetivo de alcanzar una Escuela Pública y Laica va a seguir siendo uno de los retos más serios de modernización y normalización democrática  de este país. 

ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S PARA TOD@S

 

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