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Lo dice el catecismo

Tengo delante el “Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica”. Es la edición de la librería  Juan Pablo II con Copyright de la Librería Edítrice Vaticana de 1992. Puesto que nos quieren imponer la religión católica en la enseñanza; no me queda más remedio que beber de sus fuentes para argumentar en contra de estos gobernantes que no se han leído ni nuestra Constitución, en vigor, (¿seguro?) ni tampoco  ese catecismo.En la página 494 de mi ejemplar, que desarrolla el 4º Mandamiento de la Ley de Dios se dice:

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El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21). “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29):
«Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común; pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica» (GS 74, 5). Este último paréntesis hace referencia a la Constitución Pastoral Gaudiem et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, al menos de cuando de creó. Pero eso para otro día.

Aquí también está

Así leído, resulta que todos somos libres de declararnos objetores de conciencia de las inmensa mayoría de las leyes que está promulgando este gobierno central y los gobiernos autonómicos. La desfachatez en hacer un menosprecio total y absoluto a nuestra Constitución no tiene descanso en la tarea de acoso y derribo que ha emprendido el gobierno del Partido Popular con los Derechos Fundamentales de los españoles que consagran en ella. Pero eso también para dentro de un rato.

Si su fundamento ideológico es el eclesiástico, como dicen, no pueden poner ningún inconveniente en que los españoles asumamos como nuestra la Doctrina de Iglesia y apliquemos en nuestro comportamiento lo que nos dicta esa Santa Madre Iglesia en su Catecismo.

No se debe obedecer las leyes injustas.

Y ahora mismo la mayoría de las leyes y normas que se han promulgado de forma unilateral, sin contar para nada con el pueblo “soberano” son injustas, abusivas, inmorales, contra natura y suponen un auténtico y evidente fraude de ley” y un “abuso del derecho“. Porque la misma Constitución nos define como pueblo soberano y por lo tanto ciudadanos con derechos y obligaciones y no como súbditos de una oligarquía económica, mercantilista y opresora.

Fraude de ley:

Se denomina fraude de ley o fraude a la ley al método de incumplimiento indirecto del Derecho (objetivo) en el sentido de que supone la obtención de un resultado contrario al conjunto del orden jurídico determinado alcanzado a través de la puntual observancia de los dispuesto en la norma jurídica.

Este fraude no sólo puede recaer respecto a la ley misma, sino que sobre todo el Derecho. El fraude de ley es un miembro de la clase de los fraudes normativos. De ahí que podamos observar y tener ejemplos de fraude a la Constitución, con mucha mayor facilidad, dada la amplitud y abstracción de dicho lenguaje, como, por ejemplo, los casos de ciertas leyes penales en blanco, que cumplen con la enunciación típica de un verbo rector, cuando la Constitución así lo exige, pero éste es tan amplio que no logra dar cumplimiento a la lex certa.

Abuso del derecho:
Se denomina  a la situación que se produce cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con la norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del Derecho. Igualmente, es el accionar de quien en ejercicio de un derecho actúa con culpa o dolo, sin utilidad para sí y causando daños a terceros.

 

 

 

 

 

 

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